La corrupción no para, pero puede ser combatida

Por Gonzalo Lima Galarza

 

El análisis que comparto a continuación es una reflexión personal de la situación actual de nuestro país con relación a los actos de corrupción. Considero que nos compete a todos debatir y plantear propuestas de solución ante este mal que, en vez de aminorar sus efectos nocivos, al parecer con el paso del tiempo se acrecenta.

Puedo afirmar que la ciudadanía observa con estupor cómo el Estado se encuentra sumido en la más profunda crisis de valores y principios, donde lo incorrecto ahora es correcto, donde la ética y la moral han sido reemplazadas por el abuso, la mentira y el engaño; donde el delincuente que roba al Estado ya ni si quiera se inmuta o se sonroja; donde el que delinque ahora se hace llamar “perseguido político”. En esta orgía de vanidad y poder se presume que están inmersos tanto funcionarios públicos de toda jerarquía, como empresarios, jueces, asambleístas y demás políticos. Si a esto se le suma que dentro de los entes de control, de supervisión y de justicia hay personas que entorpecen, retrasan o impiden la gestión de las investigaciones, juzgamientos y sanciones, tenemos un escenario nada alentador que podría debilitar la democracia de la nación y su credibilidad en el contexto internacional.

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción para el año 2019 elaborado por Transparencia Internacional, el Ecuador se ubica en el puesto 93 de 180 con una puntuación de 38, que es menor a la media del resto de países (43/100)[1].

Es muy probable que esta disposición arbitraria de recursos públicos responda a estructuras criminales muy bien organizadas, que saben cuándo y cómo actuar; es evidente que estos denominados cárteles coordinan acciones para participar en procesos de contratación pública a través de la distribución de zonas geográficas de su interés, pero ¿cómo no hacerlo cuando el presupuesto que se asigna anualmente a compras públicas es tan alto?

El Servicio de Contratación de Compras Públicas señala que en los últimos 4 años (hasta marzo de 2019) la asignación presupuestaria habría alcanzado los 28 mil millones de dólares. Cabe destacar que de enero a marzo de 2019 ésta ascendió a USD1,534.7 millones, de los cuales el 34.6% corresponde a Pichincha, seguido de la provincia de Guayas con el 22.7%, mientras que el resto de provincias no superan el 5%. Por otra parte, se establece que estas adjudicaciones se encuentran repartidas entre el gobierno central y sus empresas públicas con el 54.3%, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas con el 41.1% y el 4.7% a otros[2].

Debemos tener presente que la corrupción atenta contra una sana y libre concurrencia de los operadores económicos en los mercados, puesto que al adjudicarse un determinado contrato a través de actos de corrupción, a más de afectar las arcas públicas, se limita a los usuarios y/o consumidores a optar por mejores alternativas de productos, servicios y precios, que podrían haber sido ofrecidos por empresarios éticos.

En este orden de ideas, a mi criterio, un empresario ético es aquel hombre o mujer que pone a disposición de sus clientes productos de calidad, que está dispuesto a corregir defectos en los bienes que expende, quien brinda un óptimo servicio post venta, quien comercializa productos a precios justos, quien se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y patronales. Alguien que jamás estaría dispuesto a formalizar una venta atada a un sobreprecio o coludir para ser adjudicado con un contrato. El buen empresario es aquel que utiliza prácticas adecuadas en su trabajo cotidiano, el que consolida su negocio en el tiempo con esfuerzo y dedicación. En conclusión, la persona que está dispuesta a afrontar triunfos y derrotas, pero siempre apostando por su país aunque las circunstancias sean adversas.

Sin embargo, tenemos también la otra cara de la moneda: aquellas personas que carecen de conciencia y principios, lobistas permanentes del poder de turno que disfrutan del dinero fácil que han llegado a conseguir en poco tiempo de haber constituido un negocio. Podemos decir con toda entereza que aquellos son delincuentes disfrazados de empresarios.

Lo mismo ocurre en el sector público, pues podemos encontrar gente que puede actuar fuera de la ley, pero hay asimismo muchos que trabajan de manera eficiente y responsable, que se manejan por principios y valores corporativos, que tienen vocación de servicio y no buscan servirse de los demás. Son personas delicadas con el uso y disposición de fondos públicos, pues saben de sobra que a través de sus actuaciones aportan al desarrollo del país.

Finalmente, debo indicar que sí es posible identificar indicios que nos permitan detectar de manera oportuna actos de corrupción en los procesos de contratación pública. Las agencias de competencia e instituciones de lucha contra la corrupción piden, por ejemplo, observar:

– Si un mismo proveedor es el que frecuentemente presenta la mejor oferta;

– Si entre las empresas coludidas existe un pacto previo de reparto geográfico en las adjudicaciones;

– Si algunos proveedores se han retirado inesperadamente de procesos de licitación con el fin de que el contrato le sea adjudicado a uno de los que queda;

– Si hay ocasiones en las que dos o más empresas presentan posturas conjuntas pese a que una de ellas bien podría haberlo hecho separadamente;

– Si se dan casos en los que los ganadores de los procesos de contratación subcontratan a los oferentes que fracasaron;

– Si se constituyen empresas faltando poco tiempo para los procesos de contratación.

 

Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? Sugiero:

 

– Analizar siempre la verdadera necesidad de un contrato;

– Total transparencia en la elaboración de pliegos de contratación así como en todas las fases del proceso;

– Evitar intermediarios. Es recomendable tratar directamente con proveedores;

– Conocer los antecedentes empresariales del proveedor interesado en participar en procesos de contratación;

– Revisar las vinculaciones societarias entre proveedores que están ofertando un determinado contrato;

– Observar que el mismo proveedor no sea un frecuente ganador de concursos;

– Verificar que los proveedores no sean contratistas incumplidos con el Estado;

– Verificar que el giro del negocio del proveedor tenga relación con la necesidad de la contratación;  

– Simplificar los procedimientos de contratación, pues esto ayuda a la transparencia;

– Realizar capacitaciones continuas a los encargados de los procesos de contratación pública en la identificación de señales, comportamientos y patrones sospechosos en los procesos de compras públicas;

– Aplicar analítica de datos en la Secretaría Nacional de Contratación Pública que permita realizar un estudio minucioso de los proveedores registrados en esa institución por sector y producto; y,

– Realizar una revisión integral de los procesos de contratación pública (reingeniería), debiendo posteriormente efectuar los ajustes que corresponda a La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

 

[1] Cfr. Transparency International. Índice de Percepción de la Corrupción 2019. Disponible en: https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/CPI2019_Report_ES-WEB.pdf

[2] Cfr. Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP-SOCE–BCE-MF. Información Estadística de la Contratación Pública Ecuatoriana. Boletín Mensual – Marzo/2019. Disponible en: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2019/04/BoletIn_Marzo_-2019_vf_2.pdf

 

 

Nota de descargo:

Las entradas del blog representan la opinión (calificada) de sus autoras/es. Éstas pueden cambiar frente a mejores argumentos o a circunstancias distintas (en eso precisamente consiste una conversación).

Los comentarios aquí publicados son personales de cada autor y no vinculan ni representan a la USFQ, al Colegio de Jurisprudencia, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ninguno de sus miembros, ni a las instituciones en donde las autoras y autores trabajan o a las que estén afiliados. Las entradas del blog buscan promover la discusión académica, no constituyen consejo legal.

SUSCRÍBASE


AUTORAS/ES

PROGRAMAS DE POSGRADO

DERECHO, ECONOMÍA Y COMPETENCIA

Un emprendimiento académico de la Universidad San Francisco de Quito

Copyright 2020