Las competencias en materia de competencia: la jurisdicción comunitaria andina según un pronunciamiento paradigmático del TJCAN

 

Por Fabián Pozo Neira

 

1.- La dualidad normativa en materia de competencia en la región andina abordada por el TJCAN

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“TJCAN”) se ha pronunciado recientemente sobre el ámbito de aplicación objetivo del artículo 5[1] de la Decisión Comunitaria 608 – Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina en una interesante interpretación prejudicial[2] en la que indica, a propósito del principio non bis in ídem, los criterios para diferenciar la competencia de la Secretaría General de la CAN (“SGCAN”) de aquella de las autoridades de libre competencia de los países miembros.

El TJCAN nos lleva a enfrentarnos con una realidad legislativa que la práctica había venido rehusándose a aceptar (hasta antes del famoso caso de Kimberly Clark[3]): la dualidad normativa en materia de control de conductas anticompetitivas. Esto es, que ante una práctica anticompetitiva puedan llegar a ser aplicables simultáneamente tanto las normas del país miembro como la normativa comunitaria andina de libre competencia.

En forma similar a lo ocurrido en el proceso de integración europeo[4], si una práctica afecta al comercio entre los Estados miembros de la Comunidad Andina, se le aplicará el derecho comunitario y la conducta deberá investigarse y sancionarse por la SGCAN; en cambio, si no afecta a los intercambios comerciales intracomunitarios sino exclusivamente a un mercado nacional o local, se aplicará el derecho nacional y deberá investigarse exclusivamente por la autoridad local. Si bien el concepto raíz es aparentemente claro – diferenciar conductas anticompetitivas transfronterizas de conductas anticompetitivas no transfronterizas -, los criterios prácticos para su aplicación son altamente complejos y controversiales, justamente por la inmensa variedad y complejidad que pueden tener las conductas anticompetitivas. Así, por ejemplo, ¿qué ocurre si la práctica investigada afecta simultáneamente al mercado nacional y al comercio transfronterizo comunitario? ¿Quién es competente y por qué? ¿Afecta eso al principio non bis in ídem? Estas son las preguntas que ataca esta sentencia y que desarrollo en esta entrada.

2.- La Interpretación Prejudicial del TJCAN en el caso del azúcar

El TJCAN emite su pronunciamiento a propósito de la interpretación prejudicial solicitada por la Sección Primera del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá dentro de una acción de nulidad y restablecimiento de derecho planteada por Ingenio Carmelita S.A. respecto de una sanción impuesta en su contra por la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia (“SIC”). Según la SIC, Ingenio Carmelita S.A. habría infringido la prohibición general de prácticas anticompetitivas y haber incurrido en acuerdos restrictivos de la competencia respecto de la importación de azúcar de origen boliviano hacia Colombia.

Según refiere el pronunciamiento del TJCAN, la conducta infractora consistió en que ciertas productoras de azúcar en Colombia habrían intentado bloquear importaciones de azúcar boliviano hacia ese país mediante la adquisición coordinada de los excedentes de azúcar de Bolivia, evitando así que mayoristas y comerciantes colombianos los adquieran. Como mecanismo de presión, las azucareras habrían amenazado con saturar el mercado de Bolivia con productos colombianos.

El ingenio sancionado argumentó que la autoridad colombiana no era competente para investigar ni sancionar esos hechos pues, en caso de haber afectación transfronteriza, la competencia debía radicarse en la SGCAN, lo que derivaba en la nulidad de la sanción que se le impuso. La SIC, por su parte, sostuvo que la SGCAN no es competente para investigar y sancionar acuerdos para impedir u obstruir el ingreso de terceros al mercado del azúcar en Colombia, aun cuando el origen del entrante sea extranjero, declarando que las pruebas que obraron en el expediente de sanción indicarían que las conductas infractoras se habrían presentado exclusivamente en Colombia.

En este contexto, el TJCAN ha interpretado el artículo 5 de la Decisión 608 por pedido de parte y, de oficio, los literales c) y d) de su artículo 7. Respecto del artículo 5 – que se refiere al ámbito de aplicación objetivo de la Decisión -, el TJCAN ha establecido los criterios que permiten diferenciar la competencia de las autoridades locales de la de la SGCAN; respecto del artículo 7, ha establecido criterios de análisis de los acuerdos a los que refiere ese artículo, indicando que abarcan todo tipo de concierto de voluntades, incluyendo decisiones, recomendaciones y actuaciones gremiales. Esta entrada se centra en la primera de estas interpretaciones.

El TJCAN aborda este problema brindando una regla bastante clara, aunque no poco controversial: a fin de no permitir espacios de impunidad, la competencia de la SGCAN para investigar y sancionar conductas con alcance transfronterizo no excluye la competencia de las autoridades nacionales para investigar sus efectos no transfronterizos. Acoge así, al menos parcialmente, la llamada «teoría de la doble barrera» del derecho europeo[5], que considera que, al perseguir los ordenamientos comunitario y nacionales de libre competencia objetivos diferentes, bien pueden ser aplicados cada uno en su respectivo ámbito territorial sin que se afecte el principio non bis in ídem. De esta forma, son pues dos «barreras» las que enfrentan los ilícitos de competencia: una local y otra supranacional.

La preocupación central del TJCAN es no permitir espacios para la impunidad, considerando que se debe evitar que los infractores aprovechen eventuales efectos transfronterizos para buscar la anulación de sanciones ya impuestas por las autoridades nacionales y que la SGCAN no pueda realizar la investigación, por ejemplo, por el plazo de prescripción establecido en el artículo 43 de la Decisión 608 (3 años). Esta preocupación no es menor, pues en la práctica los procedimientos administrativos de derecho interno sumados a las impugnaciones contenciosas que normalmente les siguen pueden superar ampliamente dicho plazo de prescripción.

El TJCAN también aborda las diferencias que puede tener la Decisión 608 con las legislaciones nacionales (particularmente con la ecuatoriana) respecto del bien jurídico tutelado, y se refiere al ámbito objetivo de aplicación de la Decisión 608 indicando que:

Los supuestos que deben ser cubiertos por la Decisión 608 no necesariamente deben ser distintos a los previstos por las normas internas de defensa de la competencia de cada país miembro, sino que, especialmente, debe atender aquellos casos que no pueden ser enfrentados por las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia debido al ámbito geográfico de la práctica o conducta anticompetitiva o sus efectos.

Al respecto, indica que lo establecido en el artículo 5 de la Decisión 608 se aplica a las conductas anticompetitivas que:

a) Se realizan en un país miembro y tiene efectos reales en: i) otro país miembro, ii) otros países miembros, iii) en el país donde se realiza y otro u otros países miembros;

b) Se realiza en dos o más países miembros y tiene efectos reales en: i) al menos uno de los países miembros donde la conducta se realiza, ii) en los dos o más países miembros donde la conducta se realiza, iii) en un país miembro distinto a los países miembros donde la conducta se realiza;

c) Se realiza en un país no miembro y tiene efectos reales en dos o más países miembros.

Quedan así excluidas solamente las conductas que se realizan en un país miembro y tienen efectos reales en el mismo país, que corresponden únicamente al derecho nacional.

El TJCAN reconoce que pueden darse escenarios de superposición o concurrencia de competencias respecto de las autoridades nacionales, y le preocupa que la complejidad de los escenarios fácticos abra la puerta a la impunidad[6]. Analiza entonces el principio non bis in ídem, sosteniendo que un agente económico no puede ser investigado ni sancionado tanto por la autoridad nacional como por la SGCAN al amparo de la Decisión 608 si es que se aprecia la siguiente triple identidad:

a) Identidad respecto de los agentes económicos materia de investigación o sanción: Los agentes económicos involucrados tienen que ser los mismos. A modo de ejemplo, no habrá identidad si en el procedimiento interno se investiga a las empresas A, B y C y en el procedimiento supranacional seguido por la SGCA se investiga a las empresas B, C, D y F.

b) Identidad respecto de la conducta investigada o sancionada: La conducta investigada o sancionada tiene que ser la misma. A modo de ejemplo, no habrá identidad si en un caso se investiga una práctica colusoria horizontal y en el otro una práctica colusoria vertical, o si en un caso se investiga un acuerdo de precios y en el otro acuerdo un reparto de mercados. Tampoco habrá identidad si a pesar de investigarse en ambos casos un acuerdo de precios (práctica colusoria horizontal) el producto materia del acuerdo es distinto o si el período de investigación es diferente.

Como puede apreciarse, la identidad del hecho debe ser plena. […]

c) Identidad respecto del fundamento o bien jurídico protegido: Para que opere esta identidad el bien jurídico protegido en la ley nacional de defensa de la libre competencia debe ser el mismo que el bien jurídico protegido en la Decisión 608. En esta norma andina el bien jurídico protegido de manera inmediata es el proceso competitivo (la libre competencia) y los bienes jurídicos protegidos de manera mediata son la eficiencia económica en los mercados y el bienestar de los consumidores.

El TJCAN considera que las autoridades nacionales de defensa de la competencia tienen la potestad de limitar su investigación a los hechos que carecen de efecto transfronterizo, lo cual no perjudica ni condiciona la competencia de la SGCAN para conocer aquellos que sí la tengan. Así no se configuraría la identidad plena y por ende no se afectaría el principio non bis in ídem.

De esta manera, en una conducta colusoria realizada por empresarios de dos países miembros, la SGCAN tendría competencia para iniciar una investigación en el marco de la Decisión 608, pero ello no impediría que las autoridades locales de cada país afectado decidan llevar a cabo una investigación centrada únicamente en los efectos dentro de su país. A criterio del TJCAN, en esos casos no habría identidad de personas investigadas ni probablemente identidad de bien jurídico tutelado, por lo que no se afectaría el principio non bis in ídem. Eso sí, la autoridad nacional tendría vedado analizar el impacto o perjuicio de la conducta fuera de su jurisdicción.

La sentencia está llena de ejemplos ilustrativos que resaltan la complejidad que pueden llegar a tener los acuerdos restrictivos, entre los que se destaca el siguiente ejemplo, graficado a su vez en la sentencia, que cito textualmente por su relevancia:

En Colombia producen conservas enlatadas de atún las empresas C1, C2 y C3; en Ecuador las empresas E1, E2 y E3; y en Perú las empresas P1, P2, P3 y P4.

A mediados de enero de 2018, las empresas C2, C3, E1, E2, E3, P1 y P2 cada país acuerdan el precio de dichas conservas tanto para el mercado interno de cada país como para la exportación hacia los demás países miembros de la Comunidad Andina.

A inicios de febrero de 2018, C2 y C3 se percatan que hay otro fabricante en Colombia, C1, que no fue convocado al acuerdo de enero. A mediados de febrero C2 y C3 acuerdan con C1 el precio de dichas conservas en los mismos términos que el acuerdo tomado en enero. C2 y C3 le informan a C1 del acuerdo tomado en enero con empresas ecuatorianas y peruanas.

Algo parecido ocurre en Perú, a inicios de marzo de 2018 P1 y P2 advierten que hay dos empresas peruanas fuera del acuerdo de enero. A mediados de marzo, P1 y P2 acuerdan con P3 y P4 el precio de las conservas de atún en los mismos términos que el acuerdo tomado en enero. P1 y P2 nunca informan a P3 y P4 del acuerdo tomado en enero con empresas colombianas y ecuatorianas.

En este ejemplo, la SGCA es competente para sancionar a C2, C3, E1, E2, E3, P1 y P2 por el acuerdo tomado en enero. La SIC de Colombia es competente para sancionar a C1, C2 y C3 por el acuerdo tomado a mediados de febrero y teniendo en consideración únicamente los efectos reales en el mercado colombiano. El Indecopi del Perú es competente para sancionar a P1, P2, P3 y P4 por el acuerdo tomado a mediados de marzo y con relación únicamente a los efectos reales en el mercado peruano.

De conformidad con los criterios desarrollados en los párrafos 6.3, 6.4 y 6,5 precedentes, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) del Ecuador no pierde la competencia para investigar y sancionar a E1, E2 y E3 por el acuerdo tomado en enero si circunscribe su investigación en dichas empresas ecuatorianas y únicamente respecto de los efectos reales en el mercado ecuatoriano. En este caso no hay violación del principio non bis in ídem debido a que no existiría identidad entre las empresas investigadas por la SGCA (7 empresas: 2 colombianas, 3 ecuatorianas y 2 peruanas), y las empresas investigadas por la SCPM (3 empresas ecuatorianas) y sin perjuicio de que los bienes jurídicos protegidos por la legislación ecuatoriana no sean los mismos bienes jurídicos protegidos por la Decisión 608.

El TJCAN se toma el tiempo de graficar este ejemplo, así:

De este gráfico se extraen las siguientes conclusiones:

– La SGCAN sería competente para investigar y sancionar el acuerdo en que incurren las dos empresas colombianas (C2 y C3), las tres empresas ecuatorianas (E1, E2 y E3) y las dos empresas peruanas (P1 y P2) que se encuentran dentro del triángulo rojo, cuyo acuerdo se realiza en enero. La colombiana C1 y las peruanas P3 y P4 no serían sujeto de investigación por la SGCAN porque sus acuerdos celebrados en febrero y marzo respectivamente se darían únicamente al interior de sus países (C1 con C2 y C3, y P3 y P4 con P1 y P2).

– La SIC de Colombia, por su parte, sería competente para investigar los acuerdos entre C1, C2 y C3, en cuanto a sus efectos en Colombia, que se engloban en color azul dentro del gráfico.

– El INDECOPI de Perú sería competente para investigar los acuerdos entre P1, P2, P3 y P4, que se engloban en color naranja, únicamente sobre sus efectos en el mercado peruano.

– Finalmente, la SCPM de Ecuador sería competente para investigar los acuerdos entre E1, E2 y E3, que se agrupan bajo el color verde en el gráfico. Nótese también que el TJCAN se refiere a la aparente diferencia de bienes jurídicos tutelados entre la ley ecuatoriana y la Decisión 608, pero considera que esto no afecta las competencias de la SCPM ni de la SGCAN.

Para precisar aún más estos criterios, el TJCAN aborda el concepto de «efectos reales transfronterizos», para lo cual se remite a su sentencia dictada el 9 de marzo de 2017 en el proceso 05-AN-2015, en donde indicó que se debe entender por «efecto real» lo siguiente:

a) Cualquier incidencia, afectación, distorsión o modificación sobre la oferta o demanda en el mercado o comercio subregional correspondiente, lo que puede comprender el precio de los productos o servicios o demás condiciones de comercialización, la cantidad producida, la calidad de los productos o servicios, los canales de aprovisionamiento de los insumos o los canales de distribución o comercialización; o

b) Cualquier otra situación que signifique una afectación al bienestar de los consumidores.

Siendo este el criterio del TJCAN, se abren nuevos retos para el derecho de la competencia en nuestra región derivados de las ventajas y desventajas de la teoría de la doble barrera – ampliamente abordadas por la doctrina europea -, que resumo en el siguiente apartado.

 

3.-  Ventajas y retos de la interpretación del TJCAN

 

La teoría de la doble barrera adoptada por el TJCAN tiene indudables aspectos positivos, como por ejemplo:

i) Aclara un aparente – esto es, no uno real – concurso de normas, pues las normas internas y comunitarias no necesariamente colisionan, pues tienen un distinto ámbito objetivo de aplicación territorial. Las normas locales no pueden aplicarse respecto de conductas que excedan la jurisdicción territorial de la autoridad, a la vez que las normas comunitarias no pueden aplicarse si no se acreditan efectos transfronterizos;

ii) Genera una doble barrera de protección frente a la antijuridicidad que representan las conductas anticompetitivas: una local y otra comunitaria. Las autoridades locales podrían iniciar un procedimiento aun cuando la SGCAN ya hubiese iniciado otro con arreglo a la normativa comunitaria;

iii) Soluciona el problema de la impunidad por prescripción de las infracciones en el marco comunitario y nulidad de las decisiones internas, que, aunque solamente se habría planteado en la práctica en el caso objeto de interpretación, es teóricamente muy posible;

iv) Impulsa la dinamización práctica del derecho de la competencia comunitario, que hasta hace poco había tenido escasa aplicación, abriendo el campo de aplicación de la jurisdicción comunitaria.

Sin embargo, también plantea algunos retos:

i) La teoría de la doble barrera parte del reconocimiento de la autonomía e independencia del derecho nacional y el derecho comunitario para reconocer la existencia de intereses jurídicos diversos; sin embargo, el derecho comunitario andino tiene una fuerte tradición de apego al principio de supremacía y aplicación directa del derecho supranacional[7], llegando a sostenerse que los países miembros conservan competencias residuales o complementarias de naturaleza legislativaque deben ejercer conforme a la política legislativa común. En casos en los que la normativa andina prevea un tratamiento distinto sobre una conducta que el dado por la normativa nacional, en teoría, el Estado tendría el deber de adecuar la norma interna a la normativa comunitaria, lo cual podría exigirse por medio de una acción de incumplimiento;

ii) El derecho comunitario europeo ha abordado la necesidad de que las sanciones económicas que puedan imponerse por parte de las diversas autoridades deban ajustarse a los principios de proporcionalidad y equidad en caso de que ya existiese una sanción económica por parte de otra autoridad. Esto deberá ser abordado eventualmente por el TJCAN y/o por las autoridades nacionales, dependiendo de quién conozca y resuelva primero el asunto;

iii) Existe la posibilidad de que la autoridad comunitaria y las autoridades nacionales lleguen a conclusiones contrapuestas sobre la existencia y/o la licitud de una conducta, lo que podría causar tensiones entre el principio de supremacía de la normativa andina, la teoría de las competencias legislativas residuales y el fin último de armonización y liberalización del mercado común;

iv) Existe la posibilidad de que algunas normas internas sean más rigurosas que las normas comunitarias sobre una u otra conducta anticompetitiva. En ese caso debería prevalecer la norma andina, teniendo los Estados el deber de ajustar su normativa al marco comunitario conforme al artículo 5 del Tratado de Creación del TJCAN[8], lo que podría llevar a una tensión no respecto del principio de non bis in ídem sino del principio de favorabilidad. Tal como se discutió en Europa en su momento, una interpretación de aplicación excluyente del derecho comunitario llevaría probablemente a la extinción de la práctica del derecho nacional[9];

v) El derecho europeo prevé la aplicación directa de las normas comunitarias por parte de las autoridades nacionales en conductas con efectos transfronterizos, en cambio, en el derecho andino este ámbito está reservado para la SGCAN;

vi) Se abre un amplio campo de debate respecto de la procedencia de las acciones de daños derivados de una infracción sancionada a nivel comunitario. Si bien es clara la viabilidad de una acción civil bajo el derecho general de daños, no existe tal claridad sobre las acciones sumarias de daños derivados (follow-on) (por ejemplo, en el caso del artículo 71 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado);

vii) Se abre campo a un debate sobre la jerarquía de las normas a nivel constitucional según las particulares incorporaciones del principio non bis in ídem en la constitución de cada país miembro. En el caso ecuatoriano – a diferencia de Colombia – existe un reconocimiento constitucional expreso de la preeminencia de las normas contenidas en tratados internacionales por encima de las leyes ordinarias y orgánicas, pero por debajo de la Constitución[10]. En Ecuador se ha dado un tratamiento extenso al principio non bis in ídem, que prohíbe el doble juzgamiento «por la misma causa y materia», según el artículo 76(7)(i) de la Constitución, interpretado por la Corte Constitucional como prohibición de doble juzgamiento por «el mismo hecho y materia»[11], lo que procesalmente implica una prohibición de doble sometimiento a procedimientos sancionadores, inclusive los administrativos[12].

En todo caso, resalto la importancia de esta sentencia del TJCAN, cuya redacción altamente didáctica no resta la importancia y riqueza conceptual que expone. Los retos que se abren a raíz de este pronunciamiento marcarán un punto de inflexión en la práctica del derecho de la competencia en nuestra subregión.

 

 

 

[1] “Artículo 5. – Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en: a) El territorio de uno o más Países Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país; y, b) El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países Miembros. Las demás situaciones no previstas en el presente artículo se regirán por las legislaciones nacionales de los respectivos Países Miembros”.

[2] Proceso 484-IP-2018. Interpretación prejudicial de 8 de mayo de 2020 (Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac). Disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/484_IP_2018.pdf

[3] Al respecto, vid. las entradas en este blog de Camila Sánchez  – “La eficacia del régimen de clemencia en Ecuador” – y de Luis Marín – “La regionalización del derecho de competencia y la CAN”.

[4] Al respecto, vid. Alonso Soto, Ricardo. “Las relaciones entre los derechos comunitario europeo y español de la competencia”. En Tratado de Derecho de la Competencia. Beneyto, José María y Maillo, Jerónimo (Directores). Wolters Kluwer, 2da Edición, Tomo I. p. 79.

[5] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de febrero de 1969. Asunto Walt Withhelm.

[6] Cfr. Proceso 484-IP-2018. Interpretación prejudicial de 8 de mayo de 2020 (Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac): «4.3. En la totalidad o una parte del mercado subregional andino pueden [sic] haber empresas que tengan filiales, subsidiarias o empresas vinculadas en dos o más países miembros y las prácticas colusorias pueden realizarse no solo entre empresas multinacionales sino también con empresas locales, de modo que podrían [sic] haber conductas anticompetitivas que por el tipo de empresas involucradas podrían tener tanto efectos transfronterizos como meramente locales.  No es solo eso, algunas prácticas colusorias podrían involucrar solo a empresas multinacionales, otras a empresas multinacionales con empresas locales, y, más complicado aún, prácticas en las que empresas multinacionales forman parte de acuerdos locales, empresas locales que forman parte de acuerdos multinacionales, empresas multinacionales que forman parte de acuerdos locales y multinacionales y empresas locales que forman parte de acuerdos multinacionales y locales. A estos escenarios, ya de por sí complejos, hay que agregar que hay empresas que fabrican productos para el mercado local y también los mismos productos para la exportación, así como casos en los cuales si bien los productos son fabricados o vendidos para el mercado local la reventa los puede llevar a mercados de otros países. 4.4. La complejidad de los escenarios descritos puede ser aprovechada por los agentes económicos involucrados para lograr impunidad, especialmente al tratar de cuestionar la competencia de las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia. Y es que los infractores podrían aprovechar las situaciones complejas para siempre alegar, de una u otra forma, un efecto transfronterizo, y así evitar ser investigados por las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia. La impunidad es algo que no debe permitirse».

[7] Cfr. Sáchica, L. “El ordenamiento jurídico andino y su Tribunal de Justicia”. En: Instituto para la Integración de América Latina (INTAL). El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esmeralda: EL INTAL. p.33 y ss.

[8] El artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena manda en los siguientes términos: «Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación».

[9] Vid. Alonso Soto, Ricardo. “Las relaciones entre los derechos comunitario europeo y español de la competencia”. Op. cit., p. 81.

[10] Constitución del Ecuador, artículo 425: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”.

[11] Corte Constitucional, Sentencia 012-14-SEP-CC en el caso 0529-12-EP, 15 de enero de 2014, p. 13: «Así, el principio non bis in ídem y la institución de la cosa juzgada se encuentran íntimamente relacionados, aunque diferenciándose entre sí, en el sentido de que el principio de non bis in ídem atiende al hecho de que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho y materia (conforme lo determina nuestra Constitución) y la cosa juzgada por su parte, resulta en un atributo, en una calidad que el ordenamiento jurídico destina a la sentencia, cuando esta cumple con los requisitos para que quede firme: sea inimpugnable (cosa juzgada formal) y sea inmutable (cosa juzgada material)».

[12] Corte Constitucional, Sentencia 1149-07-RA, suplemento del Registro Oficial 607 del 8 de junio de 2009: “El principio non bis in ídem, inobservado por los demandados, cuenta con una doble dimensión: en su vertiente material garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico; mientras que en su vertiente procesal, garantiza el derecho a no ser sometido a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho. En efecto, la dimensión material de este principio impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento; mientras que en su dimensión procesal se había establecido que tiene conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, es decir, todo esto tiene su fundamento en la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico ante la eventual comisión de un hecho antijurídico. Tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica».

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